Las nuevas dragonadas

Reflexiones sobre la caza de las mujeres veladas y sobre las leyes antitatas en particular

Christine Delphy

Publicado por Matxingune taldea en 2013

Resumen

Con esta historia el Estado francés parece dispuesto a retomar las persecuciones religiosas excluyendo del mercado del trabajo a las mujeres que llevan velo. En general, hay el doble de paro entre las mujeres que entre los hombres, y entre los descendientes de emigrantes, el cuádruple. Gracias a unas leyes ad hoc, las mujeres musulmanas que llevan velo están completamente excluidas de todos los empleos públicos y de la mayoría de los privados. La «ley tatas» suprimiría uno de los últimos trabajos a los que todavía pueden aspirar.


Apenas un año después de la siniestra ley antitatas[1] votada por el Senado francés, la caza a las mujeres veladas acaba de superar una nueva prueba: efectivamente, la ley se aprobará. Eso es, en todo caso, lo que acaba de anunciar François Hollande. Presentamos[2] unas reflexiones firmadas por Christine Delphy para alimentar la reflexión, pero también para llamar a responder.

Así pues, en caso de que la Asamblea Nacional esté de acuerdo y gracias al Senado, en particular a los socialistas y sus aliados que cuentan con la mayoría de escaños, pronto se reavivará una de las particularidades menos halagüeñas de nuestra historia. Françoise Laborde (secundada por Alain Richard), autora de la propuesta de ley de extensión de la neutralidad a las estructuras privadas de la primera infancia, ha convencido a sus colegas de llenar un supuesto «vacío jurídico»: no se vigila a las personas a las que ella denomina «los asistentes maternos» (de hecho «las» asistentes).

Bueno, no se las vigila lo suficiente. En efecto, para concederles la autorización para trabajar las prefecturas controlan tanto su «moralidad» como la higiene y la seguridad de la vivienda en la que estas mujeres acogen a los niños (de 0 a 3 años). Pero… ¿alguien había pensado en examinar más de cerca su religión? Pues bien, no: antes de Françoise Laborde nadie había investigado exhaustivamente este crucial punto. Sin embargo, en los jardines públicos se ve a todas luces, la mayoría de las «tatas» que se ocupan de los niños con bucles rubios son africanas, asiáticas o árabes, y algunas de ellas llevan velo. Nadie antes de Françoise Laborde se había dado cuenta de que este pañuelo es un ataque apenas velado contra la libertad de conciencia del crío.

Podría resultar sorprendente saber que existe libertad de conciencia para unos menores que hasta los 18 años están sometidos a la autoridad paterna... Estemos tranquilos: no existe. Si en este proyecto de ley se invoca «el interés superior del niño» no es para reconocerle una personalidad propia sino, por el contrario, para reafirmar que esta «libertad» significa todo lo contrario: «el derecho fundamental de los padres a elegir la educación de sus hijos en función de sus convicciones».

Por consiguiente, además de que la «neutralidad» del Estado y de sus agentes ampliada a la educación privada trata a todos los ciudadanos como funcionarios, su objetivo ya no es el que fijaba la ley de 1905: impedir que los cuerpos constituidos de las religiones (las Iglesias) intervengan como tales en los asuntos políticos y hacer que el Estado trate todas las convicciones en pie de igualdad. No: de hacer caso a Françoise Laborde y a sus correligionarios del Senado, si se ampliara a las estructuras privadas su objetivo sería preservar al niño de cualquier imagen que sea diferente de las imágenes aprobadas por sus padres.

Por lo tanto, hay que ocultar al niño las imágenes de la diversidad, la cual existe y no solo en los barrios del extrarradio; las imágenes de la variedad de los países, de las lenguas, de las opiniones, etc., que él o ella acabará viendo un día. Sí, señora Laborde. Un día, incluso empujado o empujada por una tata con su certificado de «atea» ¡vuestro hijo verá un pañuelo!

Pero he aquí que quienes han concebido esta ley esperan que no: se imaginan implicados en una carrera de velocidad entre «republicanos» y «musulmanes», y esperan que los primeros logren hacer desaparecer a los segundos antes de que se cause un daño irreparable a los rubios cerebros.

Y, en efecto, desde 2003 se lleva a cabo una ofensiva general contra la visibilidad del islam, contra su presencia en el espacio público (que es el espacio de todos y no el del Estado). Se estaba en un error si se pensaba que el gusto por la sangre había pasado a los islamófobos desde la ley de 2004 (que proscribía llevar velo en secundaria), si se esperaba que habían tenido su dosis de humillaciones y de lloros infligidos, de esperanzas y carreras rotas. Nombrada directora de HALDE[3] para desintegrarla, Jeanette Bougrab derrama sus consejos en el caso Babyloup y secundada por Elisabeth Badinter, hace que en el recurso se apruebe el despido de una trabajadora de guardería que llevaba pañuelo.

Esa misma primavera Jean-François Copé promete un código de laicidad, pero no llega a realizarlo. Luc Chatel, ministro de Educación, contradice una jurisprudencia constante según la cual las madres de los alumnos se pueden vestir como quieran: «No», afirma Chatel, «las mamás que acompañan las salidas de la escuela son (como) agentes públicos». A su vez Fillon, el primer ministro, contradice a Chatel. Pero desde la vuelta a clase de 2011 los directores de los establecimientos y los profesores vuelven a excluir a las madres con velo y sus superiores anuncian unánimemente «que ya no hay ley». Y es que Claude Guéant afirmó que no se puede modificar la ley de 1905, pero en octubre de 2011 presentó un «código de laicidad» que aunque pretende «aportar precisiones», de hecho añade unas «instrucciones» que autorizan a los directores de las escuelas a establecer reglamentos internos discriminatorios.

De anuncio en retirada y después en nueva avanzada, de instrucciones ministeriales en proyectos de ley, de desacuerdos entre ministros en «códigos» sin estatuto jurídico se podría creer desamparado al gobierno. ¿Desamparado o hábil? Ha adoptado una estrategia de guerrilla: ataques localizados, retiradas inmediatas si no se le sigue lo suficiente y en caso afirmativo, un poco de territorio ocupado desde el que podrá lanzar nuevos ataques y avanzar así de colina en colina: así se organiza la progresiva erosión de la ley de 1905.

La «ley tatas» puede parecer marginal e incluso «grotesca», como algunos y algunas afirmaron en el Senado. Pero todas estas leyes y amenazas de leyes que se oponen a la auténtica laicidad contribuyen a reforzar la idea de que el islam se «tolera» apenas y no debe mostrarse. Como la mayoría de los «ultralaicos» de nuestro país, Françoise Laborde se considera ilustrada para fomentar la discordia. Y extraña, paradójica y perversamente, en el mismo momento en que todos ellos agreden a poblaciones enteras, pretenden actuar por el famoso «vivir juntos» que a sus ojos implica (no, exige) que tienes que parecerte a mi.

Efectivamente, para conseguir este objetivo (tienes que parecerte a mi para que vivamos juntos) fue como ya en 1681 Luis XIV lanzó las «dragonadas» y después revocó el Edicto de Nantes[4]. A partir de entonces los campesinos protestantes estaban obligados a alojar y alimentar a unos «dragones»: las torturas que los dragones infligían a los habitantes eran tan atroces que algunos pueblos se declararon católicos, solo ante los militares. Por supuesto, muchos lo simulaban y se reunían para practicar su religión en los «desiertos» (lugares salvajes), desde donde partieron las revueltas de los calvinistas que se rebelaron contra Luis XIV, los llamados Camisards. Otros se exiliaron por Europa.

¿Qué quieren estos «ultralaicos»? ¿Que al igual que los protestantes, los musulmanes se conviertan? (pero, ¿a qué exactamente?) ¿Que pasen a la clandestinidad, como hizo la mitad de los protestantes, o que se exilien, como hizo la otra mitad?

Con esta historia el Estado francés parece dispuesto a retomar las persecuciones religiosas excluyendo del mercado del trabajo a las mujeres que llevan velo. En general, hay el doble de paro entre las mujeres que entre los hombres, y entre los descendientes de emigrantes, el cuádruple. Gracias a unas leyes ad hoc, las mujeres musulmanas que llevan velo están completamente excluidas de todos los empleos públicos y de la mayoría de los privados. La «ley tatas» suprimiría uno de los últimos trabajos a los que todavía pueden aspirar.

¿Para legalizar las discriminaciones (en vez de luchar contra ellas) este país está dispuesto a utilizar el arma de las dragonadas: a entrar en la intimidad de los hogares, esta intimidad que según los discriminadores es el último lugar en el que están protegidas las convicciones de cada uno y de cada? ¿Este país está dispuesto a asumir la indignidad de estos métodos, la vergüenza de sus fines abiertamente discriminatorios? ¿Está dispuesto a seguir una política que destruye lenta pero seguramente cualquier esperanza de cohesión social creando una casta de subcuidadanos a los que se empuja al exilio o a la rebelión?

La «laicidad» revisada y corregida desde 2004 ya no es conforme ni a nuestras leyes ni a nuestra Constitución ni a las Convenciones europeas e internacionales ratificadas por Francia. Durante siglos los reyes persiguieron a los judíos, los protestantes, los cátaros y los valenses en nombre de una religión del Estado: el catolicismo. En 1905 la República aprueba una ley para romper con este orden católico-monárquico. El Estado se desvincula claramente de cualquier religión y garantiza la libertad de conciencia plena y total.

Esto significa que las convicciones de los ciudadanos se pueden expresar tanto en privado como en público y ello sea cuales sean estas convicciones. La tolerancia que predica el senador Alain Richard es lo contrario de la laicidad en el sentido de que supone una norma, una «convicción buena» en relación a la cual las demás convicciones se evalúan y «toleran» (por consiguiente, una forma de religión de Estado). Por medio de la ley de 1905 lo que se proclama, por el contrario, es la igualdad por encima de todas las convicciones: el Estado no debe favorecer ni perseguir ninguna convicción.

Desde hace varios años la noción de laicidad ha sufrido tantas interpretaciones tendenciosas y deformaciones que hoy estamos asistiendo al más lamentable de los espectáculos: el del un Estado laico que se dedica a una persecución religiosa. Las elecciones presidenciales serán una ocasión de saber de qué versión de la laicidad se valen los candidatos, ¿la de los dragones del siglo XVII o la de la República? ¿Quiénes se van a comprometer a devolver a la laicidad su verdadero rostro, el de la ley de 1905? Nuestro voto dependerá de sus respuestas.

Christine Delphy 
31 de marzo de 2013

Publicado en Les mots sont importants [http://lmsi.net/]

[Traducido del francés por Beatriz Morales Bastos para Boltxe kolektiboa.]



[1] Las llamadas «leyes antitatas» [lois anti-nounous] prohíben el uso del velo tanto a las mujeres que trabajan en guarderías privadas (aunque reciben subvenciones públicas) encargadas del cuidado de bebés y niños de hasta tres años, como a las cuidadoras («tatas») que trabajan a domicilio. En el Estado francés son frecuentes las guarderías a pequeña escala organizadas en domicilios privados (y subvencionadas parcialmente por el Estado). Las dragonadas, por su parte, como explica más adelante la autora, son las persecuciones que se llevaron a cabo bajo el reinado de Luis XIV contra las comunidades protestantes de Francia debido al ejercicio de su culto. Se utilizaron los «dragones» que eran militares a caballo. (Nota de la traductora.)

[2] Este párrafo es la presentación de este artículo de Les mots sont importants [http://lmsi.net/]

[3] Acrónimo de Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, Alta Autoridad de la Lucha contra las Discriminaciones y por la Igualdad, era una «autoridad administrativa independiente» encargada de «todas las discriminaciones, directas o indirectas, prohibidas por la ley o por un acuerdo internacional del que Francia es partícipe». Se creó en 2004 y se disolvió en 2011 al ser incluida en los cometidos del Defensor del Pueblo. (Nota de la traductora.)

[4] El Edicto de Nantes establecía la libertad de culto. Fue promulgado por Enrique IV de Francia en abril de 1598. (Nota de la traductora.)